El colapso del SEPE puede recortar la prestación de los nuevos parados
Dadas las dificultades para conseguir una cita, hay muchas posibilidades de solicitar el paro fuera del plazo marcado por la ley
La fata de trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el incremento del número de parados y de afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hace cada vez más difícil conseguir una cita para inscribirse en el paro y tramitar la prestación por desempleo.
Los teléfonos y la web para pedir cita en el SEPE se colapsan y las citas presenciales se están dando a cuentagotas, ya acumulan retrasos de más de tres meses.
También las prestaciones se están demorando. Gran parte de los trabajadores que en mayo pasaron a formar parte de las listas del paro empezarán a cobrar su pensión en noviembre, según los sindicatos, eso sí, las cobrarán con carácter retroactivo.
Los peligros del retraso
La demora por parte del SEPE en atender a los nuevos desempleados puede acarrearles consecuencias muy negativas, ya que no solo verán aplazado el pago sus prestaciones sino que podrían verlas reducidas.
Un mes después de finalizar el estado de alarma, el 21 de julio, volvió a entrar en vigor la obligación de solicitar la prestación por desempleo en los 15 días hábiles siguientes a la fecha de perder el trabajo.
Por lo que, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social a FINANZAS.com, “si la solicitud se hace fuera de ese plazo, se recortará la prestación a los nuevos parados”.
Salvo bajo dos circunstancias, señalan, si el desempleado pide la cita previa antes de cumplir los 15 días de plazo, aunque se la den pasadas esas dos semanas, y si presolicita la cita en la web del SEPE y rellena el formulario en las dos primeras semanas tras ser despedido.
El problema radica en que no todos los desempleados consiguen esas citas en los 15 días después de quedarse sin trabajo debido al colapso de los teléfonos y de la web del SEPE. En estos casos la prestación no se pierde, pero se penaliza restando días de prestación, que aumentarán cuantos más tiempo se tarde en tramitar el paro.
Según la ley: “quienes acrediten cumplir los requisitos ( ), pero presenten la solicitud transcurrido el plazo de quince días ( ), tendrán derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hubiese formulado la solicitud.”
Por lo que cuánto más se prolongue el colapso del SEPE más perjudicados se verán los desempleados.
Y el colapso va para largo porque los parados van a más. De febrero a agosto el paro ha aumentado en España en 657.000 personas, hasta alcanzar los 3.802.814 desempleados.
A lo que hay que añadir el torrente de expedientes de regulación temporal de empleo que también tramita el SEPE. Según datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto 812.438 afiliados estaban acogidos a un erte, una cifra muy alejada de los 3,38 millones registrados el 30 de abril.
Jubilación
Pero los desempleados no son los único que sufren demoras, los recientes jubilados también se ven afectados por los retrasos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS) al tramitar sus pensiones.
Solicitar una cita presencial en una oficina de la Seguridad Social se convierte en una odisea, la sede electrónica se colapsa y nadie responde al teléfono, solo salta este mensaje: “lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”.
Así, tramitar una pensión de jubilación que antes de la pandemia se tardaba 15 días, ahora se demora entre 30 y 45 días dependiendo de la provincia debido a que los trabajadores de la Seguridad Social están saturados.
Además, muchos jubilados se están viendo obligados a contratar a un profesional para tramitar su pensión al verse incapaces de superar tantos impedimentos y tanta burocracia.
Todo es debido a que si antes de aparecer el coronavirus la plantilla del INSS ya era escasa, después la situación se ha vuelto insostenible, al tener que tramitar también las solicitudes del ingreso mínimo vital.
Según José Manuel Moreno, responsable nacional de Seguridad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), “la escasez de personal ha saturado el sistema. Se trata de un colapso de unas magnitudes que jamás se había producido en nuestro país”.
La falta de trabajadores que arrastra la Seguridad Social viene de lejos. En los últimos años ha perdido un 21% de empleos que no se han sustituido.
Además, desde 1992 no se ha sacado ninguna oferta pública de empleo específica en la Seguridad Social para cubrir las vacantes de administrativos y de auxiliares administrativos, puestos clave para tramitar los expedientes del ingreso mínimo vital y de las pensiones.
El paso adelante de Hacienda
Para paliar los retrasos, Hacienda acaba de mover ficha y ha dado el visto bueno a la contratación de 1.000 interinos por parte del INSS, demanda que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, venía solicitando en los últimos meses.
No obstante, José Manuel Moreno considera que se trata de una cifra insuficiente, ya que, a su juicio, “no va a solucionar el déficit estructural de personal que tiene la Seguridad Social, pero va a aliviar a medio plazo el trabajo que se ha ido acumulando desde marzo”. En su opinión, sería necesario cubrir 6.000 plazas para solucionar el problema.
