Incentivos a los planes de pensiones: el caballo de batalla entre aseguradoras, gestoras y la AIReF
La autoridad fiscal asegura que las desgravaciones de los planes de pensiones deberían “reformularse” mientras las patronales del seguro y de las gestoras de fondos solicitan que se incrementen
La polémica sobre los incentivos fiscales a los planes de pensiones vuelve a la palestra. Esta vez provocada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que, en su estudio Spending Review de evaluación de beneficios y exenciones fiscales, asegura que la desgravación de 8.000 euros de la que se benefician las aportaciones a los planes de pensiones en el IRPF “no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones”.
Por ello, plantea su reformulación completa “de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo”.
Pero va más allá, al asegurar que este beneficio fiscal, que supone un coste para las arcas públicas de 1.643 millones de euros:
- Solo lo utilizan las rentas altas.
- Y puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores debido la fiscalidad de las prestaciones en el momento del rescate del plan de pensiones y al gasto en comisiones.
Según la AIReF, “la evaluación demuestra el escaso atractivo del beneficio fiscal de estos productos”, ya que los rendimientos del plan de pensiones tributan en la base general que tiene un tipo máximo del 45%, en lugar de tributar en la base del ahorro al tipo máximo del 23%, como los fondos de inversión.
La ‘aversión’ de la Airef a estos incentivos es compartida por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá -que antes de ministro fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- y que propuso, a principios de marzo, reducir los incentivos a los planes de pensiones individuales para derivarlos a los planes de empleo.
Críticas al informe
Este tipo de medidas son rechazadas por la patronal del seguro Unespa, y por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) que critican parte del contenido del Spending Review.
Señalan que lo que debe hacer el Gobierno es promover el ahorro complementario para la jubilación en España, tanto el realizado en planes de pensiones individuales como en los de empresa, y no ponerle trabas, ya que “en países donde hay una mayor ventaja fiscal se observan mayores niveles de ahorro complementario”, aseguran desde Inverco.
Insisten en que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación, no una desgravación, y su tratamiento tributario es el mismo que tienen las pensiones públicas. Un incentivo que se coloca a la cola de los países de la OCDE, aseguran.
El punto del informe que más polémica ha suscitado es el coste que el diferimiento tributario de los planes genera a las arcas del Estado.
Según Unespa, la información recogida en el informe “da lugar a confusión”, dado que inicialmente se cuantifica el coste fiscal anual de este incentivo para la Hacienda Pública en 1.643 millones de euros por la reducción de las aportaciones a estos sistemas en base imponible, cuando su verdadero coste fiscal para el Estado es de 450 millones de euros si se tiene en cuenta en dicho cómputo la tributación de las prestaciones de estos sistemas.
Mayor concienciación
El fracaso de los planes de pensiones para incentivar el ahorro a largo plazo achacado por la AIReF a este vehículo de inversión no se debe a que sea un mal producto de ahorro, sino, según Inverco, a otros factores como:
- El límite de aportación anual “que no existe en el resto de instrumentos de ahorro financiero e inmobiliario”.
- Y la falta de concienciación sobre la importancia de ahorrar para la jubilación, motivada por la ausencia de información.
“Hasta hace muy poco, los trabajadores no podían conocer cuál iba a ser su expectativa de pensión a la jubilación. Ahora se puede obtener esta información de la página web de la Seguridad Social, pero el sistema de acceso es complicado y no se complementa con el envío de cartas informativas periódicas a los trabajadores, como sí se hace en otros países”, apuntan desde Unespa.
Para incrementar el ahorro finalista de los españoles el Gobierno tiene la última palabra, según las patronales, y además de aumentar la información sobre las futuras pensiones debería mejorar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones, ya que “si bien el tratamiento de las aportaciones es similar al estándar internacional, el de las prestaciones demanda una sustancial mejora que aproxime el atractivo fiscal del ahorro previsión en España al de otros países europeos”, zanjan desde Inverco.
