Los tres cambios sobre pensiones que Bruselas exige a España
La Comisión Europea exige solidaridad a los pensionistas para mejorar la prestación de los más desfavorecidos
Los economistas celebran el acuerdo alcanzado en la madrugada del lunes entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. España recibirá 140.000 millones de un total de 750.000 millones de euros, apenas 5.000 millones de euros menos de lo que solicitaba.
“La cifra es muy buena”, señala el economista Miguel Ángel Bernal.
Pero estos fondos, en los que una parte se da a fondo perdido, están condicionados por una serie de reformas que deben acometer los países beneficiados.
Entre ellas seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de pensiones.
Y es que tal y como señala el documento de la CE la crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos.
En 2019, España era el Estado miembro cuya asignación familiar por hijo de media era la más baja. Las familias de rentas bajas no pueden optar a las asignaciones por hijo, cuya concesión está sometida a condiciones estrictas, y las desgravaciones fiscales les aportan un beneficio limitado.
En cambio, prosigue el documento comunitario, “los gastos en prestaciones sociales seguían muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo”, termina advirtiendo el documento.
Solidaridad intergeneracional
Ante esta situación, la CE exige a España un nuevo enfoque a la hora de aprobar medidas, destacando una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes.
Bruselas pone el foco en la necesidad de mejorar la situación de los jóvenes y desempleados de larga duración
Es decir, la prestación de desempleo destinada a los desempleados de larga duración y a los trabajadores que no pueden optar a regímenes contributivos ofrece una baja cobertura como como consecuencia de una multitud de régímenes.
De acuerdo a los cálculos del organismo europeo, estas ayudas sólo cubren al 20% de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación, insiste el documento.
Dónde pone el foco Bruselas
Tres son los puntos conflictivos para la Comisión, que advirtió en sucesivas ocasiones de la insostenibilidad del sistema de pensiones.
El primero de ellos, acercar la edad de jubilación real a la legal. La primera se encuentra en los 64,7 años, mientras que para 2027 la legal será los 67 años. Aunque tampoco se descartaría aumentar la edad de jubilación a medida que la esperanza de vida sigue alargándose.
El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enfatizó que este era uno de los objetivos del Ministerio.
La segunda, desvincular las pensiones de la inflación, algo que, de momento, ningún partido político deja de hacer.
En ese sentido, la comisión es muy crítica ya que señala que el déficit es muy elevado, mientras que vincular las pensiones a la inflación sin tener en cuenta la esperanza de vida provocaría un gasto excesivo a medio y largo plazo.
Por último, la tasa de reemplazo, que aunque se ha ido reduciendo, sigue estando por encima de la media europea. Por poner un ejemplo, en España se sitúa por encima del 70%, cuando la media europea es del 40%.
Para poder ir reduciendo esta tasa de reemplazo, la mejor opción sería ir fomentar el ahorro privado.
Los acuerdos del plan
El fondo europeo estará dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales, el de Recostrucción y Resiliencia, que se destinará a financiar reformas, aumenta su partida hasta los 672.500 millones de euros.
El resto de partidas sufrieron recortes o se eliminaron. Ciencia pasa de una propuesta inicial de 11.000 millones a 5.000 millones y el de transición por el clima se reduce en hasta 10.000 millones de los 30.000 millones iniciales.
De no cumplir con las medidas, Bruselas podría suspender los pagos.
