¿Nos podemos permitir dejar caer al Popular?

La normativa europea marca que un banco con problemas ha de rescatarse a sí mismo. Y es lo que están descontando los activos de renta variable y de renta fija del Banco Popular, sus acciones y sus bonos: ambos están poniendo en precio que la solución del banco venga de la mano de un 'bail-in', es decir, que sean los accionistas y los bonistas, asumiendo pérdidas, los que pongan el dinero que el banco necesita, o la mayor parte, para cubrir sus riesgos y resolver los problemas de sus activos tóxicos.

La Bolsa es el reflejo con más proyección de la situación de Banco Popular. Desde máximos, en precios comparables, teniendo en cuenta todas las ampliaciones de capital, es decir, desde los casi 40 euros que marcaba en la primavera de 2007, cae prácticamente un 99%, hasta los actuales menos de 0,35 euros por acción. En las tres últimas sesiones, cuando parece que la crisis se agrava por la percibida falta de interés por parte de otro banco que lo compre, lo que podría llevarle, según teme el mercado a una liquidación, baja un 44,50%.

Pero la información más valiosa de la situación de un banco -o de cualquier empresa, incluso de un país- la da el mercado de bonos y sus emisiones de renta fija transmiten que la situación es más que delicada. Especialmente relevante y significativo es el hecho de que los inversores que quieren protegerse de una eventual quiebra del banco, tienen que pagar mucho más para hacerlo para el corto plazo que para el largo. Los CDS a seis meses cotizan en los 520 puntos, frente a los 380 puntos en que se sitúan los CDS a diez años. Hace un mes, los CDS a seis meses se situaban por debajo de 200 y los seguros contra el impago a diez años rondaban los 325 puntos. 

Las acciones aún pueden absorber más pérdidas. Como nos comentaba Javier Bernat, de GVC Gaesco, es posible una reducción del valor nominal de las acciones desde los actuales 0,5 euros a casi 0, como ocurrió con Bankia. A continuación, la entidad podría canjear los bonos convertibles contingentes, diseñados para absorber pérdidas en situaciones delicadas. Y, además, podrían aplicarse quitas a otros bonos, que no a las cédulas, y sin llegar nunca a los depósitos por valor inferior a los 100.000 euros, que se mantendrían siempre a salvo.

De aplicarse este esquema, Popular inauguraría la aplicación de la nueva normativa europea de 'bail-in', aprobada el pasado año para evitar que los contribuyentes tuvieran que asumir más rescates en Europa. O, mejor dicho, lo casi inauguraría, porque en los últimos días hemos visto cómo ha concluido la crisis de la Banca Monte dei Paschi Siena: se imponen pérdidas a accionistas y bonistas júnior, aunque compensando a los que, de entre estos últimos, fueron mal informados respecto a los títulos que estaban comprando (como en España ha sucedido con los preferentistas). Se trata de una aplicación dulcificada de la dura letra de la nueva normativa europea e incluye la inyección de dinero público. 

El Gobierno italiano consiguió esa dulcificación después de una dura lucha que inició bajo el mandato del dimitido Matteo Renzi: luchó con uñas y dientes en Bruselas y en Fráncfort para que los tenedores de los títulos convertibles no asumieran pérdidas debido a que éstos eran, en su mayoría, pequeños ahorradores, como en España los preferentistas. El coste político de imponerles pérdidas hubiera sido muy grande. 

Y también hay que contar con otra cuestión que puede haber frenado la aplicación de la nueva regulación en toda su extensión con la entidad italiana: el hecho de que aún existen muchas dudas respecto al sector financiero italiano en su conjunto, no sólo respecto a una entidad. La banca italiana aún no ha hecho los deberes en su totalidad. 

¿Qué puede hacer pensar que el Popular podría ser la primera entidad en aplicar estrictamente el 'bail-in? Varias razones: 

En primer lugar, los problemas en el sector financiero español parecen estar estrictamente concentrados en el Popular. Respecto al resto de entidades no hay dudas sobre su solvencia, su liquidez, su morosidad y la cobertura de sus activos no rentables. Como prueba de ello, el 'contagio', si es que se puede hablar de tal, ha sido mínimo, prácticamente inexistente. Incluso el Ibex-35 ha subido alguno de los días más penosos para el Popular. Los títulos de las entidades españolas han aguantado estoicamente el chaparrón que ha sufrido la entidad que preside Emilio Saracho. No rescatar al Popular no provocaría, como sucedía en los años 2008 o 2009, dudas respecto a quién sería la siguiente entidad en caer, porque todas ellas están férreamente aseguradas. La crisis del Popular está acotada en una sola entidad. 

Por ello, el hecho de que los inversores que han apostado por los híbridos del Popular tengan que asumir pérdidas no tiene que provocar que los tenedores de los híbridos de otros bancos comiencen a temer que ellos también van a tener que pasar por caja y arrimar el hombro para salvar su banco. No tiene porqué provocar, pues, una huida en desbandada de este tipo de activos. Ni que otras entidades tengan dificultades en colocar nuevas emisiones de esta clase de deuda.

Quizás la en realidad falta de necesidad de solucionar una crisis que no afecta ni en lo más mínimo al sector financiero español es lo que está provocando que no haya, al menos de momento, ninguna entidad interesada en lanzar una opa por el Popular, ni siquiera a estos precios, cuando capitaliza menos de 1.500 millones de euros. 

Tampoco hay que pasar por alto las razones políticas que puede haber detrás de la escasa involucración que parece estar mostrando el Gobierno con la crisis del Popular. Al margen de que las nuevas reglas europeas impiden un rescate público en sentido estricto, ¿sería admisible por parte de la sociedad española, después de los recortes sufridos en los gastos prioritarios, una inyección de dinero público a una entidad completamente privada (aunque las cajas de ahorros nunca fueron públicas)? O, mejor aún, ¿sería capaz el Gobierno de salir airoso de una situación así en el Parlamento?, ¿lograría el apoyo de alguna otra fuerza más aparte del PNV?, ¿serviría Ciudadanos de bastón al Partido Popular para aprobar el rescate del Popular a cargo del contribuyente?, ¿le daría una operación así al PSOE de Pedro Sánchez el empujón definitivo para unirse a Podemos en una moción de censura conjunta y, ésta sí, potencialmente triunfadora?

El escaso riesgo asociado a una liquidación del Popular y el alto precio político que pagaría el Gobierno actual si se decide a un rescate público hacen pensar que la solución más drástica (que no debería ser tal en una economía de mercado en que los actores se supone que pagan por sus errores) no es improbable. Y el mercado ya lo sabe.