Accionistas de Abengoa buscan alternativas más allá del Estado
Los minoritarios de Abengoa apuntan que para alcanzar su objetivo de 2.000 millones de facturación al año los 530 millones que aportarían el ICO y CESCE son insuficientes
El candidato a presidente de Abengoa por parte de Abengoashares, Clemente Fernández, considera que la inyección de 530 millones por parte del Estado, a través del ICO y CESCE, serviría “únicamente” para salvar a la compañía.
“La ayuda es fundamental, pero no garantiza el crecimiento sostenido de la compañía para lograr una viabilidad sólida del grupo”, señala Fernández a finanzas.com. Según las estimaciones de los minoritarios, la facturación de Abengoa debe superar los 2.000 millones de euros al año.
“Contando que se alcanzan los 530 millones previstos, Abengoa no podría optar a más de 800 millones de euros al año en contratos”, considera Fernández. Para el ex de Amper, esa cifra es “baja para una empresa del tamaño de Abengoa”.
Socio financiero
La intención de Fernández es que el fondo de inversión elegido para que entre con una posición de relevancia en el accionariado de Abenewco 1, la receptora del rescate, participe también de las adjudicaciones que consiga la multinacional.
Para ello, este fondo aportará liquidez para que la compañía pueda acometer los contratos: “Sin ese apoyo, puedes gastar hasta un 30% del circulante antes de cobrar y Abengoa no se lo puede permitir”, estima Fernández.
A cambio, la sociedad renunciaría a parte del beneficio del contrato en favor del fondo de inversión. Los cálculos de Fernández pasan por reducciones de hasta el 50% de los beneficios dependiendo del tamaño de la obra.
Tres ejercicios en la misma situación
“La caída de beneficios sería grande en algunos casos, pero ahora mismo no queda más remedio que llevarla a cabo”, declara Fernández.
Las previsiones del candidato a la presidencia afloran que la compañía necesitaría hasta tres ejercicios para recuperar el equilibrio financiero que permitiese cortar la ayuda financiera directa de un tercero para acometer los pedidos.
El caso es que el 1 de febrero termina la enésima prórroga que los acreedores, el Santander y KKR a la cabeza, concedieron a la sevillana para que el ICO y CESCE aporten lo anunciado el 6 de agosto en el acuerdo de reestructuración, la denominada ‘operación Vellocino’.
Baile de acusaciones entre el PSOE y PP
El Gobierno mantiene la máxima cautela antes de dar el visto bueno al ICO, hasta 230 millones en créditos, y CESCE, hasta 300 millones en avales, pues esperaban que la Junta de Andalucía también interviniese en el rescate.
El Gobierno andaluz mantiene que no posee instrumentos jurídicos válidos para apoyar a la multinacional, mientras que la compañía mantiene que el equipo de Juanma Moreno se comprometió en mayo, meses antes de anunciar el rescate, con 20 millones de euros.
Los miembros del Ejecutivo regional insisten en que el Estado sí posee las herramientas y que con su intervención no sería necesaria la participación de Andalucía, aunque desde el Ministerio de Economía se desliza que la Junta puede hacer más.
La vía del Banco Santander
Ante la negativa del Gobierno andaluz, y descartada la vía del traslado de sede a Valencia por no encontrar el apoyo dentro de la Generalitat, la compañía miró de nuevo a sus acreedores para aportar los 20 millones pues, según Abengoa, son imprescindibles para salvar al grupo.
Sería el Banco Santander, que además se colocaría según el plan actual como máximo accionista de Abenewco 1, el que estaría dispuesto a incrementar su participación en el rescate con el mencionado montante.
Por tanto, el Gobierno también está valorando la opción, y la acepta, de que sea la entidad presidida por Ana Botín la que entre también por esta vía.
