El Gobierno abre otro frente en la revalorización de las pensiones
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anuncia "un mecanismo de compensación" para cuando el IPC sea negativo
La reforma de las pensiones que el Gobierno debe enviar a Bruselas se esta convirtiendo en un quebradero de cabeza para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que estudia nuevas medidas que contenten tanto a las autoridades comunitarias como a su socio de gobierno y a los agentes sociales.
Un equilibrio dificil de encontrar porque Europa insiste en la necesidad de recortar los costes asociados al sistema público de pensiones. A pesar de ello, Escriva sostiene que proyecta ligar la subida de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC).
El problema se plantea cuando el IPC sea negativo, lo que podría suponer una bajada en las prestaciones.
Para ello afirma que está estudiando, junto a los agentes sociales, fórmulas que consigan el mantenimiento del poder adquisitivo a largo plazo de los pensionistas y no solo en un momento concreto.
"Si hay años en los que la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, habrá un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible", explicó Escrivá en una entrevista en El Periódico.
Polémica reforma
Actualmente, José Luis Escrivá está negociando con los agentes sociales el contenido de la reforma de las pensiones que haga sostenible al sistema, con la que pretende ahorrar 16.000 millones de euros al año. Prevé llevarla al Congreso el primer trimestre de 2021, para que entre en vigor en enero de 2022, pero no lo tiene fácil.
Como ya adelantó FINANZAS.COM, el ministro de Seguridad Social tiene muchos frentes abiertos que se oponen a una parte del contenido de la reforma.
Entre ellos el de su socio de gobierno Unidas Podemos, que se niega a darle un sí en el caso de que incluya una ampliación de diez años en el cálculo de las pensiones y pase de los 25 a los 35 años.
En 2021 se contabilizan los últimos 24 años cotizados, que aumentarán hasta los 25 años en 2022, según establece la última reforma de las pensiones de 2011.
La línea roja
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, señaló en una entrevista concedida a La Sexta que esa medida es una “una línea roja” que no van a cruzar. Aseguró que no llegará al Parlamento porque si lo hace “se romperá la coalición de Gobierno”.
Esta medida, que generaría un ahorro al país de 0,6 puntos del PIB, supone según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un "recorte duro en materia de pensiones". Bajada que alcanzaría de media del 5%.
Otros de los críticos con esta fórmula son los sindicatos que la consideran “inadmisible”. Por ello, han amenazado con emprender movilizaciones en febrero si la propuesta sigue adelante. Para no 'salir a la calle' piden a José Luis Escrivá que desarrolle las recomendaciones del Pacto de Toledo a través del diálogo social.
También el Partido Popular, ha reprobado aumentar 10 años el periodo para calcular las pensiones. Según su portavoz en el Senado, Javier Maroto, se trata de una "trampa".
La propuesta, que, por ahora, no se ha puesto sobre la mesa de negociación del Gobierno y los agentes sociales, la presentó por sorpresa José Luis Escrivá ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a finales de 2020.
Entre la espada y la pared
Ante la negativa de Unidas Podemos, los sindicatos y la oposición a apoyar su propuesta, Escrivá se encuentra entre la espada y la pared, ya que entre los mandatos que se comprometió a realizar cuando llegó a su ministerio se encuentra llevar a cabo la reforma de las pensiones con el objetivo de dar viabilidad al sistema y con esa medida, unida a otras, considera que lo podría conseguir.
Además, la UE le exige que recorte el gasto en pensiones como contrapartida para que España reciba los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación.
Para ello, el Gobierno debe enviar a Bruselas, antes del 30 de abril, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con las medidas que integrarán la reforma de las pensiones y, por ahora, se desconoce su contenido final.
Una opción que tiene el Gobierno para aliviar tensiones es introducir en el citado plan la fórmula del incremento del periodo de cálculo de las pensiones y luego no integrarla en el documento de reforma que presente el Gobierno en el Congreso, apuntan los expertos.
Otra opción sería introducirla en la reforma y después no aplicarla, pero desde Unidas Podemos no la contemplan.
